Hernán afirma que en relación a la aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el Ayuntamiento, se han difundido muchas mentiras y se ha utilizado la demagogia para crear alarma social. La concejala de empleo y personal, Ana Hernán, destaca la importancia de aclarar ciertos aspectos sobre la RPT y la controversia generada en torno a las demandas presentadas por los trabajadores municipales y las primeras sentencias recibidas sobre el complemento de antigüedad.
Según Hernán, la RPT no es un tema político, sino estrictamente técnico y jurídico, de obligado cumplimiento. El Equipo de Gobierno ha seguido siempre los informes técnicos y jurídicos, ya que actuar de forma diferente sería considerado prevaricación. Tras la aprobación de la RPT, son las cuestiones relacionadas con su aplicación las que han sido objeto de críticas por parte de los sindicatos.
En este sentido, Hernán desmiente que el proceso vaya a costar un millón y medio de euros, señalando que estas afirmaciones buscan crear alarma social. También aclara que no afectará a 180 trabajadores, como se ha mencionado, sino a alrededor de 25 empleados, según un comunicado de los propios sindicatos.
La abogada del Ayuntamiento, Lucía Muñoz, explica que la RPT ha sido confirmada y avalada por dos sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo de Albacete. Estas sentencias respaldan que la RPT se ha elaborado conforme a la ley, con negociación y recogiendo el 90% de las propuestas sindicales. Además, garantizan el sistema retributivo establecido en la RPT, incluyendo el complemento de antigüedad.
Muñoz también señala que la mayoría de los trabajadores municipales están percibiendo mayores retribuciones con la aplicación de la RPT, y aquellos que no lo hacen siguen manteniendo sus mismos ingresos. La abogada destaca que se ha acordado un complemento personal transitorio para garantizar que ningún trabajador vea reducidos sus ingresos y que este complemento solo será absorbible en caso de mejoras salariales.
En conclusión, tanto Hernán como Muñoz reafirman que el Ayuntamiento acatará las resoluciones judiciales firmes, pero también defenderán los intereses generales y las arcas municipales mediante recursos legales cuando consideren que sea necesario. Esta postura se fundamenta en la base jurídica de los casos y en el objetivo de mantener la equidad y la legalidad en el sistema retributivo municipal.
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