Los directores de los poderes energéticos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP el jueves preguntaron al Ministro de Transición Ecológica y el Desafío demográfico, Sara Agesen, sobre la extensión de la vida de las centrales nucleares, aprobada por el Congreso de Diputados después de una propuesta de la «popular».
Además, el Ministro de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, le transmitió a Agesen que la transición energética de la región seguirá apostando por energías renovables. Sin embargo, destacó la importancia de la central eléctrica Trillo, mientras la comunidad no alcanza la «autonomía» con una «energía 100% renovable».
Por otro lado, Agesen insistió en que las empresas cumplan con el calendario acordado en un protocolo firmado en 2019 y que ninguna compañía ha solicitado su modificación.
Esto se discutió en la Conferencia de Energía Sectorial, donde los consejeros de las comunidades del PP expusieron a Agesen que «no hay razones objetivas» para justificar el cierre de las centrales eléctricas, ya que son «seguras» y su producción es «fundamental» para el país.
PP dice que PNIEC es «papel húmedo»
El subsecretario del desarrollo sostenible del PP, Paloma Martín, consideró que detrás del cierre de las centrales «solo hay ideología» y criticó las acciones de su predecesora, Teresa Ribera, en la eliminación de esta energía en España.
Madrid pregunta al diálogo con nuclear
El Ministro de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, solicitó un enfoque proactivo para las empresas del sector nuclear y criticó que Agesen acuse a las empresas de no mostrar interés en prolongar la vida útil de las centrales.
Por otro lado, el Ministro de Industria, Energía y Minas en Andalucía, Jorge Paradela, enfatizó que el momento geopolítico actual y futuro no invita al cierre nuclear, aunque Andalucía no tenga este tipo de instalaciones.
¿PP los ciudadanos preferirían pagar 20,000 millones más?
El Ministro recordó que el calendario de cierre nuclear extiende la vida útil de las calderas hasta 45.8 años y destacó la importancia de un cierre progresivo para el desarrollo renovable.
En cuanto a los impuestos de las centrales eléctricas, se desarrolló un nuevo plan general de residuos radiactivos para cubrir los costos de gestión en 20,000 millones de euros, que según el gobierno deben ser asumidos por las empresas propietarias.
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