Cáritas y la Fundación Foessa han presentado el IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha, el cual revela que la exclusión social afecta al 20% de la población de la región. Este estudio destaca la «brecha generacional» como uno de los factores clave en la construcción de una sociedad desigual, con la vivienda y el empleo como pilares de la exclusión.
Según Marina Sánchez, la exclusión social ha aumentado en la región, impactando a 428.000 personas. A pesar de un incremento del 11,7% en el número de personas empleadas entre 2018 y 2024, el estancamiento de los salarios reales, junto con el aumento del precio de la vivienda y la precariedad laboral, hacen que el trabajo ya no garantice la inclusión social.
El informe también resalta que a pesar de un crecimiento del sueldo medio del 14% entre 2018 y 2023, los salarios reales han disminuido en un 3,6%. Esto ha llevado a un retroceso en las situaciones más favorables, con mejoras en la dimensión laboral y del consumo, pero un empeoramiento en áreas como la vivienda, la educación, la salud, el conflicto y el aislamiento social, especialmente en el ámbito político.
La vivienda se posiciona como el epicentro de la exclusión, afectando al 22% de la población de Castilla-La Mancha. Los precios de compra y alquiler han aumentado más rápidamente que los salarios, con un incremento del 23% en el Índice de Precios de la Vivienda entre 2018 y 2024. El riesgo es aún mayor en el caso del alquiler, donde el 47% de las personas en este régimen están en riesgo de pobreza.
En cuanto a las rentas mínimas, se señala que el sistema de garantía de ingresos en la región no satisface las necesidades, ya que solo el 51% de las personas en situación de pobreza severa se benefician del Ingreso Mínimo Vital. Además, el 64% de los hogares en esta situación no tienen conocimiento de este ingreso, lo que evidencia una brecha informativa y administrativa en el sistema.
En resumen, el informe destaca la complejidad de la exclusión social en Castilla-La Mancha, mostrando que las barreras estructurales y la falta de recursos personalizados dificultan la inclusión de aquellos en situación de vulnerabilidad. Es fundamental abordar estos desafíos para construir una sociedad más equitativa y justa para todos sus ciudadanos.
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