La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha reiterado este viernes durante un acto celebrado en el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha su petición al Gobierno de España de cumplir con el nuevo auto del Tribunal Supremo que exige medidas urgentes para garantizar la acogida de menores no acompañados que permanecen bajo tutela de Canarias, ofreciendo la colaboración de la región con una propuesta de 50 plazas siempre y cuando vaya acompañada de la financiación necesaria.
«Desde Castilla-La Mancha esta misma mañana hemos mandado una carta a la ministra pidiéndole que por favor se atienda esta necesidad como hay que hacerla», ha comentado García, recordando que ya en febrero ofrecieron una propuesta para acoger a menores no acompañados emplazados de Canarias y dar «posibilidad de desahogo a una comunidad autónoma con la que siempre hemos trabajado de forma conjunta en los planes de contingencia».
«Hay una crisis importante y estamos en una situación de emergencia mientras discutimos», ha valorado la consejera de Bienestar Social, quien ha insistido en la necesidad de contar «con la financiación necesaria» para no «pervertir nuestro sistema de protección de la comunidad autónoma».
En opinión de García «es fundamental que los traslados se hagan con la inversión que luego da la posibilidad de una estabilidad en las plazas», y ha insistido en que «es el Gobierno de España y por supuesto Europa quien tiene que dar una respuesta a esta emergencia».
«Desde las comunidades autónomas tenemos que ayudar y ofrecer lo que tenemos para mejorar la calidad de vida de estos chicos y chicas y contribuir a esta realidad pero necesitamos que el Gobierno y el Ministerio de Infancia tomen una decisión decidida, no una low cost con los 100 millones de euros que han dicho que tenían disponibles», ha reseñado la consejera de Bienestar, quien ha pedido al Gobierno central y al Ministerio de Hacienda que trabajen para conseguir mayor financiación.
El auto del Tribunal Supremo fue emitido este jueves y en él ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte medidas en un plazo improrrogable de 30 días para garantizar la acogida de aproximadamente un millar de menores no acompañados que padecen una situación de hacinamiento en Canarias mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo.