La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha instado a la Junta a eliminar las discrepancias que separan a sindicato y administración y firmar cuanto antes el VIII Convenio Colectivo del personal laboral, que lleva 4 años en negociación y afecta a más de 7.000 trabajadores.
El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha destacado el importante papel que desempeñan los empleados públicos en un momento en el que se cuestiona lo público. Asimismo, ha resaltado la necesidad de reforzar el modelo actual impulsando el bienestar y las condiciones laborales de quienes hacen posible el funcionamiento de los servicios públicos.
En este sentido, se ha planteado elevar un acuerdo tripartito en la región para remarcar los compromisos adquiridos en el diálogo social y para que la administración se sume al acuerdo del Siglo XXI en aspectos como la jornada laboral, jubilación parcial y clasificación profesional.
Lucho Palazzo, responsable confederal de la FSC-CCOO, se ha mostrado satisfecho con las mejoras conseguidas a nivel nacional, fruto del trabajo y las movilizaciones para resolver los problemas existentes en la función pública. Este acuerdo, según Palazzo, genera certidumbre tanto para los trabajadores del sector como para la ciudadanía en general, ya que los servicios públicos son fundamentales y deben modernizarse.
En cuanto a la subida salarial, se ha acordado un incremento del 11,4% para los empleados públicos, además de la implementación de un modelo alternativo a la tasa de reposición que agiliza y amplía la cobertura de vacantes. Carmen Juste, secretaria de la FSC-CCOO en Castilla La Mancha, ha recordado el calendario de aplicación de esta subida salarial, que beneficiará a cerca de 90.000 trabajadores en la región.
Además, Juste ha solicitado una revisión de la contratación pública externa para garantizar el respeto al empleo tanto en el proceso de adjudicación como durante la ejecución del contrato, aumentando el control y las sanciones en caso de incumplimiento.
En resumen, este acuerdo busca mejorar las condiciones laborales de más de 3,5 millones de trabajadores de las distintas administraciones, garantizando un mejor futuro para quienes prestan sus servicios en el sector público.
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