Esta iniciativa se enmarca en el manifiesto del Cermi Estatal ’40 años de España en la Unión Europea: sin dimensión social no hay Europa’, que reclama reforzar la dimensión social del proyecto europeo y blindar los derechos de las personas con discapacidad frente a los riesgos de retroceso en igualdad y cohesión social.
En este Pleno, distintas personas con discapacidad tomarán la palabra para relatar en primera persona las múltiples barreras de accesibilidad que siguen encontrando en su vida diaria en ámbitos como el entorno construido, el transporte, la información y la comunicación, los servicios, la participación política o la vida independiente. A partir de estas experiencias, formularán propuestas concretas para la futura Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, con el objetivo de que la accesibilidad universal se consolide como presupuesto para el ejercicio efectivo de todos los derechos y para la plena inclusión en la comunidad, en línea con las exigencias del movimiento CERMI a escala estatal y europea.
El Pleno contará con la participación del Comisionado para la Accesibilidad de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, que abordará el papel de las políticas públicas y la normativa autonómica en la eliminación de barreras y en la implantación del diseño universal en todos los ámbitos de vida. Junto a él intervendrán Cristina Gómez, presidenta de Cermi Castilla-La Mancha; Bárbara García, consejera de Bienestar Social; y Pablo Bellido, presidente de las Cortes, poniendo de manifiesto el compromiso compartido de las instituciones autonómicas y del movimiento social de la discapacidad con una Castilla-La Mancha más accesible, inclusiva y alineada con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En coherencia con el manifiesto estatal, Cermi Castilla-La Mancha subrayará en este acto la necesidad de que la accesibilidad universal deje de ser una promesa aplazada y se convierta en una obligación efectiva, supervisable y dotada de recursos, tanto en la normativa autonómica como en el uso de los fondos europeos, condicionando su recepción al cumplimiento estricto de los derechos de las personas con discapacidad. Del mismo modo, se reivindicará que la nueva Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha incorpore la participación vinculante de las organizaciones representativas de la discapacidad en todo su ciclo de diseño, aplicación y evaluación, como garantía de una Europa y una región en las que lo social sea un pilar irrenunciable de la democracia.
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