El sector agroalimentario de Castilla-La Mancha se enfrenta a un escenario desafiante debido al acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para aplicar un arancel del 15% a productos europeos. Ante esta situación, se han planteado diversas propuestas en el marco del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles en la región.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha expresado su preocupación por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y ha abogado por el arancel cero en productos clave como los agroalimentarios, el vino, el queso y el aceite de oliva. Asimismo, ha destacado la importancia de que el Gobierno de España defienda los intereses de las principales partidas exportadoras de la región.
En cuanto al sector vitivinícola, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha señalado que se esperan repercusiones significativas en las exportaciones de vino de la región. Se plantea la necesidad de buscar nuevas vías de comercialización y clientes para contrarrestar estos efectos.
Las organizaciones agrarias, como Asaja y UPA, han pedido medidas de apoyo y sensibilidad por parte de las autoridades, instando a explorar oportunidades en mercados alternativos como Iberoamérica y Asia. Por su parte, desde Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha se ha mostrado preocupación por productos como el aceite y el vino, confiando en las acciones que pueda tomar el Gobierno regional.
En el ámbito empresarial, el secretario general de Cecam ha calificado el acuerdo de «muy negativo» y ha solicitado ayudas por parte de la Unión Europea para las empresas afectadas. Desde los sindicatos, se ha rechazado el acuerdo y se ha pedido un liderazgo económico de Europa para proteger la soberanía financiera, energética y alimentaria frente a las acciones de Estados Unidos.
En resumen, el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha se encuentra ante un panorama desafiante debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos, y se hace necesario adoptar medidas para proteger los intereses de los productores y empresas de la región.
FUENTE