El Gobierno regional de Castilla-La Mancha estudia la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar el reparto del impuesto sobre la banca entre las comunidades autónomas en base a su Producto Interior Bruto (PIB).
Según el presidente regional, Emiliano García-Page, el planteamiento de distribuir este impuesto en función del PIB no tiene coherencia si la intención es recaudar fondos de aquellos que más tienen. Considera que es injusto que los más ricos reciban una mayor parte mientras que los más desfavorecidos obtienen menos. García-Page calificó esta medida como una imposición de última hora sin base progresista.
Estas declaraciones se realizaron durante la firma de un Protocolo General de Actuación entre Castilla-La Mancha y Extremadura para colaborar en situaciones de emergencia, así como una declaración institucional para que la conexión de Alta Velocidad Madrid-Lisboa esté en funcionamiento para el año 2030.
Además, el presidente informó sobre la creación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en dos áreas de la Comunidad Autónoma, con el fin de evaluar posibles riesgos y colaborar con los ayuntamientos en caso de desalojos.
En cuanto a los acuerdos de solidaridad, García-Page destacó la importancia de la cooperación entre las comunidades autónomas y la necesidad de una estrategia de armonización a nivel estatal. Subrayó que la firma de estos acuerdos refleja el espíritu de la Constitución del ‘78, que busca compartir recursos y fortalecer la unidad de España.
El presidente también abordó otros temas como la necesidad de un Pacto de Estado en materia energética, la importancia de desarrollar la infraestructura de la A-43 y el gasto en defensa. En este sentido, expresó su preocupación por la falta de consenso a nivel nacional en estos asuntos y llamó a la unión europea frente a los desafíos planteados por líderes internacionales como Trump.
En resumen, García-Page instó a la colaboración entre las comunidades autónomas y a una mayor coordinación a nivel estatal para abordar los desafíos comunes y garantizar un desarrollo equitativo en todo el país.
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