La sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha sido escenario de un juicio contra la alcaldesa de Villarrubia de Santiago (Toledo), M.C.M.G., y siete concejales, acusados de prevaricación por la retirada de una licencia de venta ambulante en marzo de 2021.
Durante el juicio, la alcaldesa afirmó que su decisión de revocar la licencia no tenía la intención de causar perjuicio al demandante, J.V.R., sino que se tomó en un contexto de medidas para prevenir el aumento de contagios de covid, en beneficio del pueblo.
El demandante, J.V.R., testificó que consideraba injusta la decisión de la alcaldesa y que, a pesar de intentar abrir su puesto de venta ambulante, fue obligado a cerrarlo por la Policía Municipal, enfrentando también obstáculos para realizar repartos de fruta.
Durante el juicio, testificaron el encargado del mercadillo municipal, la secretaria interventora, un agente de Policía Local y una perito, ofreciendo diferentes perspectivas sobre el conflicto.
La fiscalía mantenía inicialmente una petición de 9 años de inhabilitación para todos los acusados, mientras que la acusación particular solicitaba 15 años de inhabilitación y una cuantía de 13.696 euros por responsabilidad social, entre otros montos.
Tras las testificales, tanto la fiscalía como la acusación particular reiteraron su postura acusatoria, argumentando una presunta actuación despótica por parte de la alcaldesa.
Por otro lado, la defensa solicitó la libre absolución de la alcaldesa, argumentando que los errores administrativos se dieron en un contexto excepcional debido a la pandemia.
Tras la celebración de la vista oral, el juicio ha quedado visto para sentencia por parte de la sala.
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