El Pleno ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de Valdepeñas ha denunciado el incumplimiento de contrato por parte de RSU, exigiendo al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Ciudad Real y a la Diputación Provincial el cumplimiento del mismo en relación al servicio de recogida de residuos.
Según el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, la falta de personal en el servicio de recogida de basura ha llevado a un servicio deficitario, con una recogida selectiva poco frecuente que ha provocado la acumulación de residuos en los contenedores. Martín señaló que la propia empresa RSU, encargada del mantenimiento de los contenedores soterrados, es la responsable de los desperfectos en los mismos.
Además, se ha destacado que la precariedad en la gestión ha resultado en tiempos de degradación, accidentes e incidentes. También se ha desmentido la atribución por parte del Partido Popular de Valdepeñas del incremento en la tasa de residuos al alcalde de la ciudad, ya que el RSU ha reconocido un aumento en el coste del servicio derivado del impuesto de residuos a vertedero impuesto por la Ley Nacional 7/2022.
El requerimiento para que el RSU y la Diputación Provincial de Ciudad Real cumplan el contrato vigente del servicio, incluyendo la reposición de contenedores y una auditoría, ha sido aprobado con los votos a favor del PSOE y Unidas por Valdepeñas, votos en contra del Partido Popular y Vox, y la abstención del concejal no adscrito.
En otros asuntos tratados en el pleno, se han aprobado modificaciones en ordenanzas fiscales, así como dos mociones: una para regular la implantación de plantas de biometano en suelo rústico, y otra para destinar fondos de ayuda a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.
Este es el panorama que se ha presentado en el Pleno de Valdepeñas, donde se ha evidenciado la necesidad de garantizar un servicio de recogida de residuos eficiente y cumplir con los compromisos contractuales establecidos. La transparencia y la exigencia de responsabilidades son fundamentales para asegurar el bienestar de la ciudadanía y el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
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