El Gobierno de Castilla-La Mancha, en respuesta a las críticas de la Generalitat Valenciana, ha defendido que las presiones que se ejercen son para «cumplir la ley».
Esther Padilla, la consejera portavoz, reaccionó en una rueda de prensa a las declaraciones de Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, quien denunció la «presión política» del Gobierno de Castilla-La Mancha para detener el trasvase del Tajo-Segura. Barrachina exigió al Ministerio para la Transición Ecológica que cumpla con las reglas de explotación vigentes.
El Gobierno de García-Page está presionando para garantizar el cumplimiento de la ley y respetar las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a proteger los caudales ecológicos del Tajo, según afirmó Padilla.
La Junta se compromete a mantener una gestión del agua basada en criterios de legalidad, equidad y sostenibilidad, tal como destacó la portavoz. La posición del Ejecutivo regional es cumplir con la ley, las sentencias del Tribunal Supremo y las directivas europeas.
Padilla instó a Barrachina a actuar con la misma responsabilidad institucional que el Gobierno de Castilla-La Mancha. El presidente García-Page defiende el cumplimiento del Plan Hidrológico aprobado y vigente, que requiere la modificación de las reglas de explotación para garantizar el caudal mínimo del río Tajo, enfatizando que es una necesidad urgente que no puede esperar más.