El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha anunciado la intención de promover una reforma en el Reglamento de la Cámara autonómica para reforzar el control del dinero público asignado a los grupos parlamentarios. Esto surge después de que el interventor haya solicitado a Vox la devolución de más de 34.000 euros que fueron transferidos a la sede nacional del partido y que no han sido utilizados.
Bellido ha destacado que el dinero entregado a los grupos proviene de los contribuyentes de Castilla-La Mancha y debe ser empleado exclusivamente para la representación parlamentaria en la región. La transferencia de fondos a la dirección nacional del partido ha sido calificada como inédita e inaceptable, lo que ha llevado a la decisión de reformar la normativa para evitar situaciones similares en el futuro.
El presidente de las Cortes ha anunciado que se establecerá una clarificación normativa detallada sobre el uso de los fondos públicos asignados a los grupos parlamentarios, con el objetivo de garantizar su correcta utilización en beneficio de Castilla-La Mancha.
En respuesta a esta situación, Vox deberá devolver a la institución más de 34.000 euros, ya que la normativa impide que el remanente de dinero no gastado quede en manos del partido. Según informes, la dirección nacional de Vox deberá reintegrar al Parlamento autonómico más de 34.000 euros provenientes de la asignación destinada al Grupo Parlamentario en la región.
Por su parte, desde el Grupo Parlamentario Vox se ha desmentido la información publicada, asegurando que todas las actuaciones económicas y administrativas se ajustan a la normativa vigente y a los mecanismos de fiscalización establecidos. Se ha mencionado que el grupo tiene un convenio con Vox España para garantizar el cumplimiento de los requerimientos del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la reacción del PSOE, el secretario de Formación del partido ha criticado la situación, cuestionando las acciones del Grupo Parlamentario Vox y llegando a pedir la dimisión de su presidente por presuntas mentiras y ocultamientos a los medios de comunicación.
En conclusión, la situación financiera de los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha ha generado controversia y la necesidad de reformar la normativa para asegurar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos asignados.
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