Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una nueva Comisión de Seguimiento Regional para coordinar los protocolos de violencia machista entre diferentes instituciones, como Sanidad, Justicia y Servicios Sociales. El objetivo principal es mejorar la atención a las víctimas y crear un canal único para gestionar los casos.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, y la Consejera de Igualdad, Sara Simón, han liderado la constitución de esta comisión en Albacete. En una rueda de prensa, Simón destacó que la participación de diversas entidades, como el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha y los colegios de Enfermería, Trabajo Social y Educación Social, envía un mensaje de unidad frente a la violencia machista y la desigualdad.
Esta nueva organización surge a raíz de un acuerdo entre instituciones firmado el pasado 25 de noviembre en el Palacio de Fuensalida en Toledo. La primera reunión tiene como objetivo iniciar la creación de comisiones provinciales para trabajar de manera más cercana en los territorios y actualizar protocolos que datan de hace más de 15 años en algunos casos.
La consejera destacó la importancia de mejorar los sistemas de protección a las mujeres y evitar la politización del tema de la violencia machista. También se refirió al incidente ocurrido con las pulseras electrónicas de seguimiento, subrayando que es crucial que los protocolos estén funcionando para garantizar la protección de las mujeres.
María Pilar Astray, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, señaló que este nuevo acuerdo sitúa a la región como una de las más avanzadas en la lucha contra la violencia machista, al buscar una coordinación efectiva entre todas las entidades involucradas para asistir a las víctimas de manera integral y eficiente.
En resumen, la creación de esta Comisión de Seguimiento Regional en Castilla-La Mancha representa un paso importante en la lucha contra la violencia machista, con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas y coordinar los esfuerzos de diversas instituciones para ofrecer una respuesta más efectiva y rápida en estos casos.
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