Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para siete acusados por cultivo y venta de cannabis
La Fiscalía ha pedido cuatro años de cárcel y más de 200.000 euros para siete acusados de crear una organización criminal que se dedicaba a plantar y vender cannabis en Hellín, Murcia y Alicante. La acusación sostiene que llegaron a cultivar más de 6.000 plantas en diversas instalaciones. El juicio tendrá lugar este lunes, 12 de mayo, en el Juzgado de lo Penal nº1 de Albacete.
Detalles del caso
Los hechos se remontan al menos al 12 de febrero de 2020 según el texto de la acusación, cuando los siete acusados se reunieron para instalar plantaciones intensivas de cannabis destinado a la venta en la localidad albaceteña de Hellín y en las provincias de Murcia y Alicante. Para ello usaron varios inmuebles que alquilaron bajo una identidad ficticia, y los cuales acondicionaron con una instalación de luz, agua, refrigeración y ventilación de gran potencia que cuidaban y vigilaban.
En un registro del Cuerpo Nacional de Policía se descubrieron en una nave industrial de Hellín 1.469 plantas de marihuana sostenidas por más de tres centenares de lámparas halógenas, 72 ventiladores y 30 sistemas de filtrado que mantenían con conexiones a la red eléctrica no autorizadas que supusieron un perjuicio a la compañía eléctrica de más de 65.000 euros.
Se encontraron plantaciones similares y un punto de almacenaje en los municipios murcianos de La Azacaya, La Seca y Archena y en el término municipal alicantino de Orihuela, con un total incautado de 6.000 plantas y casi 16.000 gramos de marihuana que habrían alcanzado un valor estimado en el mercado ilícito de más de 80.000 euros.
Penas solicitadas
Los acusados, originarios de Francia y Bélgica, se enfrentan a una pena de cinco meses de prisión por pertenencia a grupo criminal, tres años y nueve meses de cárcel por el delito contra la salud pública y seis meses de multa por un delito de defraudación de fluido eléctrico con una cuota diaria de 12 euros. Además, se les pide una multa de 150.000 euros y una indemnización a la compañía eléctrica de más de 65.000 euros.